Ministerio Público y FEDOMU acuerdan colaboración para prevención y persecución de violaciones a leyes municipales.
SANTO DOMINGO-. El Ministerio Público y la Federación Dominicana de
Municipios (FEDOMU) anunciaron que coordinan acciones en el ámbito de sus
respectivas competencias, para fortalecer la cooperación mutua en las labores
de prevención y persecución de la violación a las resoluciones, ordenanzas y
leyes municipales, así como para la agilización de los procesos de esos casos.
El plan se llevará a cabo en el
marco de un acuerdo que fue firmado con esos fines por el procurador general de
la República, Jean Rodríguez, y el presidente de FEDOMU y alcalde de Azua,
Rafael Antonio Hidalgo Hernández, el cual tiene el propósito de garantizar el
cumplimiento estricto de las leyes y contribuir a la preservación del orden
público.
En un comunicado de prensa
mediante el cual se ofreció la información, establece que las acciones buscan
contrarrestar el lanzamiento de escombros en calles y avenidas, la generación
de roturas de calles, daños a las propiedades de la ciudad y a edificaciones,
así como al uso inadecuado de los espacios públicos y la publicidad de
exteriores, entre otros.
La iniciativa, que se pondrá en
marcha en coordinación con las alcaldías de las diferentes localidades del
país, incluye la capacitación a fiscales para su especialización en asuntos
municipales, una mayor coordinación de éstos con los consultores jurídicos de
los ayuntamientos, así como campañas educativas mediante la difusión de
mensajes a través de los medios de comunicación, redes sociales, escuelas y
lugares de trabajo, y la elaboración de brochures, para orientar a las personas
sobre la conveniencia del cumplimiento de las leyes para el progreso colectivo
y el bienestar individual.
El magistrado Jean Rodríguez
ponderó los beneficios del convenio, destacando que contribuirá a tener un país
más limpio, sano y organizado, con mayor paz. “Hemos instruido a los fiscales
para que apoyen a los municipios y apliquen lo que dice la ley, sin excepción”,
expresó.
Adelantó que las labores estarán
a cargo de personal de ambas instituciones, entre ellos, fiscales, abogados y
consultores jurídicos, que se encuentran en proceso de formación en la Escuela
Nacional del Ministerio Público (ENMP), recibiendo un programa especializado de
formación de alrededor de dos meses. Señaló que las sanciones administrativas
están a cargo de las alcaldías mientras que los procesos penales a cargo del
Ministerio Público.
En tanto que Hidalgo Hernández
dijo que el acuerdo de colaboración interinstitucional es un paso importante de
avance para las gobernaciones del país. “Aumentar la capacidad sancionadora de
los gobiernos locales, ha sido un reclamo demandado por las autoridades
municipales, por lo que con esta importante alianza ganamos en efectividad y
resultados para continuar nuestra labor a favor del desarrollo local”, expresó.
Esta alianza establece una mayor cooperación
interinstitucional para la persecución de las infracciones a diversas leyes
municipales como la Ley No. 675-44 sobre Urbanización, Ornato Público y
Construcciones y la Ley No. 120-99, que prohíbe tirar desperdicios sólidos o de
otra naturaleza en calles, aceras, parques, carreteras, contenes, caminos,
balnearios, mares y ríos.
Las autoridades también acordaron
establecer las bases para actuar conjuntamente con las alcaldías de los
municipios, bajo la coordinación del Ministerio Público, para crear oficinas o
casas de mediación en los lugares donde consideren factible, a fin de actuar en
conciliación o resolución alternativa de conflictos.
El acuerdo, firmado en la sede de
la ENMP, tendrá una vigencia de dos años y una vez se complete ese tiempo podrá
ser prorrogado por acuerdo común entre las partes por un período similar.
El plan se llevará a cabo en el
marco de un acuerdo que fue firmado con esos fines por el procurador general de
la República, Jean Rodríguez, y el presidente de FEDOMU y alcalde de Azua,
Rafael Antonio Hidalgo Hernández.
Dicho acuerdo busca contrarrestar
el lanzamiento de escombros en calles y avenidas, la rotura de calles,
destrucción de propiedades y edificaciones, el uso inadecuado de los espacios
públicos, y regulación de la publicidad de exteriores, entre otros.
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