NUESTRO EDITORIAL // LA DEPURACION DEL PODER JUDICIAL

EL RADAR.COM,En su discurso de fondo, en ocasión de dar inicio al presente año judicial, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Lebrón Saviñón, mostró su disposición de emprender un proceso de depuración en las filas de la Judicatura de magistrados cuyos fallos no se ajustaran a las normas legales, o sobre los que se pudiera encontrar indicios de acciones dolosas.  No fueron muchos los que tomaron en cuenta sus palabras.  El tiempo ha dado evidencias de que hablaba en serio.

Al momento presente, ya son once los magistrados han sido dados de baja por actos reñidos con la ética que debe acompañar sus funciones.  Varios están sometidos a la Justicia, algunos de los cuales en prisión preventiva y otros están en proceso de serlo, de acuerdo a manifestaciones adelantadas por el Procurador General de la República.

A partir del momento en que la jueza Awilda Reyes admitió ante el propio Presidente de la Suprema haber sido presionada para aceptar un elevado soborno para dictar fallos altamente cuestionables que fueron motivo de escándalo público,  se descubrieron a lo interno de altas instancias de la Justicia los hilos de una red de venta de sentencias a cambio de fuertes sumas de dinero, en pesos y dólares, así como viajes al extranjero y otras dádivas.  El caso fue aireado ampliamente en los medios de comunicación.

Ahora, otros tres magistrados dados de baja de la Judicatura, enfrentan también la vindicta pública por haber deshonrado el ejercicio de sus elevadas funciones.  De acuerdo a las informaciones que han visto la luz, todo indica que sobre los mismos pesan fuertes indicios de culpabilidad, de muy difícil si no imposible forma de rebatir en los tribunales por más argucias a que puedan apelar los respectivos abogados defensores.

Es una buena señal de que hay una firme voluntad por limpiar las filas judiciales de jueces cuyas actuaciones estén reñidas con los principios que debe regir su comportamiento, como ejecutores de la ley y defensores de la sociedad.

Lógicamente la acción depuradora no puede detenerse en ese nivel exclusivo.  Es preciso que la misma se extienda a todas las instancias del Poder Judicial por un lado, pero también y ya esto será responsabilidad de la Procuraduría General, incluir igualmente a los fiscales que no cumplan con sus funciones o peor aún, que condicionen las mismas a acciones dolosas e intereses espurios.

Ahora bien. El Poder Judicial ha sido siempre una especie de Cenicienta al  momento de distribuir el Presupuesto Nacional.  La asignación que recibe es simplemente insuficiente desde todos los puntos de vida.  De igual modo que si queremos buenos policías, educadores preparados y dedicados y médicos capaces y cumplidores hay que retribuirlos adecuadamente, también es preciso que jueces, fiscales y auxiliares de la Justicia reciban salarios que estén acordes con la importancia del trabajo que realizan.   Y de igual modo, que el llamado “Tercer Poder del Estado”, disponga de los recursos administrativos y técnicos que requiere para realizar su labor.

La depuración del Poder Judicial es un gran paso.  Pero es solo un primero. Falta recorrer el resto del camino para que logremos el ideal de una Justicia sólida, eficiente, insobornable y confiable, a la que cada ciudadano tenga acceso en la seguridad de que sus casos serán resueltos a la luz del derecho.

Aquí también hay que hacer lo que nunca se había hecho.MR