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ARTICULO DE OPINIÓN-EL TIRO RAPIDO // FIJANDO DERECHOS Y LIMITES // POR MARIO RIVADULLA

EL RADAR.COM,En el Almuerzo Semanal del Grupo  Corripio, seis figuras destacadas de la sociedad civil, que figuran entre los promotores de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática dejaron bien definidas las metas que persiguen y el derecho que les asiste de reclamar la misma de la clase política.     Pero al mismo tiempo, hacen constar de manera diáfana que en modo alguno pretenden suplantar ni el papel de los partidos ni mucho menos las facultades atribuidas a los órganos del Estado.  Ha sido oportuna la aclaración.

Servio Tulio Castaños, Amelia Vicini, Rafael Blanco Canto, Antonio Taveras Guzmán, Rafael Paz y Roque Féliz, en representación el primero de la Fundación Institucionalidad y Justicia y los restantes de distintos sectores empresariales fueron precisos en sus pronunciamientos y las razones que los impulsaron para la reciente creación de la Iniciativa. 

 Blanco Canto, quien preside la cúpula del empresariado dominicano, fue categórico al expresar que “sin  un estado de derecho no es posible conseguir la paz social”, a su vez, sin esta, queda vedado el camino del desarrollo.   Le sobra razón.  Pero, al mismo tiempo, reconoció que corresponde al Congreso y al Consejo Nacional de la Magistratura las escogencias que les están reservadas por mandato constitucional, siendo deseable que esas facultades se mantengan apegadas a la institucionalidad.

Para la cara visible y vocero de la FINJUS, el abogado Servio Tulio Castaños, a la ciudadanía le asiste el derecho de reclamarle al poder político. Es una verdad incuestionable.  El desempeño de este no es un ejercicio omnímodo de poder; actúa por delegación y voluntad de los ciudadanos. La soberanía en estos. Les corresponde fiscalizar las actuaciones de los funcionarios y a estos la obligación de rendirles cuentas.  En nuestro todavía bisoño e imperfecto sistema democrático, no siempre los órganos de control, como advierte, han funcionado de forma eficiente.  Superar fallas y lagunas en este sentido, es tarea pendiente.

Con el tema del próximo presupuesto, Blanco Canto advierte la necesidad de que en el mismo se le asigne al Poder Judicial la proporción que le corresponde por ley; esto es un 2.66 por ciento del total de los ingresos del Estado.    Ciertamente un esfuerzo serio y sostenido por contribuir a la seguridad ciudadana, combatir y sancionar la corrupción y disponer de una justicia más eficiente, requiere que esta deje de seguir siendo el pariente pobre, la Cenicienta, a la hora de repartir los recursos del Estado.

Y una aclaración al margen pero en un tema de suma importancia.  El presidente del CONEP rechaza de manera enfática que en las discusiones del pacto eléctrico, los empresarios estén planteando un aumento de tarifa.  Su propuesta por el contrario, es que se reduzca el costo de la energía para los consumidores de más de setecientos kilovatios mensuales y que se transparente el todavía elevado subsidio que el gobierno entrega a favor de los sectores pobres de la población,  de tal manera que se correspondan con esta condición.

Ha sido la comparecencia de los participantes en el importante foro que constituye el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicación Corripio, precisa y definidora sobre el derecho que asiste a la sociedad de exponer sus inquietudes y reclamos a la clase política al tiempo  del que corresponde a esta  de ejercer a plenitud sus funciones de manera exclusiva pero no excluyente.

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