Articulo de Opinion /// La organización del tránsito vehicular en República Dominicana // Por Alfonso Reyes

Alguien ha dicho, con sobrada razón, que la cultura de un país se mide a primera vista por el desenvolvimiento del tránsito de vehículos en el casco urbano de las grandes ciudades. Quienes toman ese parámetro para evaluar el grado cultural de las personas no dejan de tener razón, debido a un conjunto de variables que así lo definen.

No dejan de tener razón porque la ley de tránsito de vehículos vinculan a todos los ciudadanos por igual, es decir, tanto a quienes usan las vías mediante por medio de un volante y también a quienes las usan a través de otros medios o a pie (los peatones también deben cumplir la ley). Se recuerda que las vías públicas son para vehículos y para peatones. Pero la complicación del sistema de tránsito en la República Dominicana está evidenciada en un patrón complicado, el cual se arrastra desde hace muchos años. Por ejemplo, recordamos la construcción de la avenida 27 de Febrero, una de las más importantes de Santo Domingo, porque atraviesa la ciudad de Este a Oeste que se supone es la dirección de mayor movimiento de personas.

Esa vía, construida en el segundo gobierno del fenecido presidente Joaquín Balaguer, nació con una falla de origen, en razón de que en todo su tramo carecía de cruce de peatón, es decir, que los usuarios de la vía que están bajo esa categoría no fueron tomados en cuenta por los ingenieros encargados de la obra. Posteriormente, mediante inversiones adicionales, los gobiernos  les han ido agregando los puentes peatones, señalizaciones y dispositivos para usuarios con determinadas limitaciones, pero igual situación ocurrió con otras importantes vías en la capital y en Santiago; ese modelo refleja una disminuida visión futurista de los diseñadores y consecuentemente de los gobiernos, elegidos para brindarle mayores facilidades a los ciudadanos.

Otro aspecto que ha motivado el origen de las graves dificultades que caracterizan el tránsito de vehículos en el país, con mayor gravedad en la capital y en Santiago, es la gran cantidad de organismos creados para su regularización. Actualmente hay un total de 7 entidades encargadas de la organización del tránsito de vehículos (desde la entrega de la licencia a los conductores hasta la colocación de multas a conductores infractores). De entrada, lo más probable es que no haya acuerdo entre los cabezas de cada una de esas instituciones para diseñar un plan eficiente y viable a la circulación de vehículos, de hecho así ha resultado.

Hoy día el mundo cuenta con la tecnología apropiada y asequible para la aplicación de un plan efectivo de constreñimiento a los conductores infractores a los fines de que cumplan con las disposiciones reglamentarias establecidas en la ley de tránsito, lo cual sería un factor contributivo para la disminución de accidentes de tránsito. Es perfectamente aplicable un plan restrictivo a los conductores que le impida  la renovación de la licencia por exceder un determinado número de faltas cometidas, medidas que pueden aplicarse en forma escalonadas y de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida por el conductor o chofer.

En los últimos días, la prensa ha publicado que solamente una tercera parte de los vehículos que están circulando en el país dispone de pólizas de seguros.  Una situación así, constituye un escándalo mayúsculo, con consecuencias ostensibles, pero en República Dominicana no pasa nada. Igual situación ocurre con la disposición mandataria de la revista, porque en la última jornada de entrega, el organismo que se encarga de suministrarla no hizo un trabajo eficiente, en razón de que ese documento fue entregado, en muchos casos, hasta sin llevar los vehículos a los centros de expendios. Entonces, hay que repetir aquí que la cultura de los dominicanos se mide válidamente por la forma en que se desenvuelve el tránsito de vehículos.