Senado investiga inseguridad y conflictos Puerto Cabo Rojo

La Comisión de Seguridad y Defensa del Senado inició hoy la investigación al cumplimiento de seguridad, inversión y al contrato de concesión por parte de Cementos Andino, tras la preocupación de que el Puerto de Cabo Rojo pudiera ser usado para actividades ilícitas.

Con la presencia de los senadores Adriano Sánchez Roa, presidente en funciones, Carlos Castillo, proponente, Eddy Mateo Vásquez, Sonia Mareo, Arístides Victoria, Manuel Paula y Julio César Valentín, así como el diputado Víctor Gómez Casanovas, el Senado requirió un informe por parte de Cementos Andinos de la garantía al buen uso del puerto Cabo Rojo.

En la resolución se explica que "las organizaciones criminales transnacionales explotan el espacio desértico del Suroeste", y que Cementos Andinos está obligada por la concesión a cooperar con los organismos del Estado, como la DNCD, CESEP y el DNI, pero que tanto la DEA como la DNCD han señalado que el tráfico por vía marítima ha aumentado.

Por su parte, Cementos Andinos explicó que ha cumplido con sus compromisos, habiendo invertido a la fecha unos 18 millones de dólares en el mantenimiento del puerto Cabo Rojo, y que han colaborado en el control de drogas, armas y otros.

Dijeron que supervisan bajo agua al momento de llegada y salida a todos los barcos que llegan al puerto, a través de la empresa LMG.

La empresa que administra a Cabo Rojo dijo que muchas cargas se están haciendo fuera del puerto, ilegalmente y con muchos riesgos, hecho por la que acusan a la empresa DOVENCO, la que supuestamente perjudica al medio ambientalmente, y que por el uso del puerto le deben dos millones 354 mil dólares.

Cementos Andinos dijo que a punto de pistola fue sacada del puerto, por la empresa DOVENCO, supuestamente dirigida por un Vice almirante, quien es asesor de APORDOM y supuestamente funcionario de DOVENCO, por lo que desde el 2 de octubre Cementos Andinos no tiene el control del puerto.

Acusaron a APORDOM y la dirección de Minería de apoyar esas actividades nocivas, donde han muerto muchas especies marítimas.

Dijeron que DOVENCO carga a 15 kilómetros adentro para no pagar impuestos a APORDOM y que antes los reclamos de Cementos Andinos, han sido amenazado por sectores militares.

Sánchez Roa, presidente en funciones de la Comisión, explicó que a mediado de mayo la comisión realizará un descenso en el Puerto de Cabo Rojo, a los fines de complementar el informe que harán al pleno senatorial, pues surgieron preocupaciones de seguridad, impositivos, medioambientales y conflictos empresariales.