Erick Hernández Machado, coordinador general de Participación Ciudadana .

 

Por: federico mendez nova.
*PC plantea reducción a 110 de diputados, elecciones cada dos años y
aprobación de 70 leyes pendientes*



*“Solo el 14% de los 3,400 funcionarios municipales han declarado sus
bienes”*



*Erick Hernández Machado afirma que la propuesta de reforma constitucional
no afecta la carrera del Ministerio Público*



El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick
Hernández Machado, planteó que en la reforma constitucional impulsada por
el presidente Luis Abinader debe reducirse de 190 a 110 la matrícula de
miembros en la Cámara de Diputados, celebrarse elecciones separadas cada
dos años y aprobar 70 leyes pendientes por mandato de la Carta Magna.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de
Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN
Canal 27, sostuvo que la reforma constitucional fortalecería el proceso
institucional del país, por lo que es necesario emprenderla.

“Donde quiera que la Constitución dice bajo reservas del desarrollo por la
ley que corresponda, en la Constitución hay unas 70 situaciones que hay
leyes pendientes por desarrollar”, observó.

Aseguró que con la reforma constitucional deben iniciarse una serie de
cambios que se necesitan en el país, porque es la plataforma para
actualizar muchas leyes vigentes y aprobar otras que están pendientes.

“Incluso, de las disposiciones transitorias que se han conceptualizado está
la de dar un plazo de cuatro años al Congreso para que cumpla con todas las
leyes programáticas de la Constitución que desde el 2010 a la fecha no se
ha realizado”, significó.

El jurisconsulto entiende que eso es un reconocimiento de que el país debe
avanzar y desarrollar esas leyes, que constituyen el sostenimiento
económico del país.

Planteó que con una matrícula de 110 diputados, bajo la premisa de que cada
legislador representará aproximadamente 95,000 habitantes, se traduce que
la mayoría de las provincias tendrían dos legisladores.

No obstante, dijo que el mayor número de diputados por habitantes lo
tendrían la provincia de Santo Domingo, con 28, el Distrito Nacional se
quedaría con 10, mientras que San Cristóbal, La Vega y otras alcanzarían
una cantidad importante, entre cinco y siete.

“La posición institucional de Participación Ciudadana es que debe volver el
sistema de elecciones separadas, elecciones cada dos años, por un lado, las
presidenciales y congresuales, y dos años después las municipales”,
argumentó.

Expuso que el criterio está basado en eliminar el arrastre y de mejorar la
representatividad de los candidatos municipales, que tienen en su
proselitismo ganarse sus propias votaciones.

Entiende que la posible unificación conllevaría un importante tema
económico, con respecto a la responsabilidad que tiene el Estado dominicano
sobre el particular.

“La Junta Central Electoral, en el último reporte da cuenta que las
elecciones pasadas costaron más de RD$8,000 millones”, precisó.

Consideró que si se unifican las elecciones a todos los niveles, la JCE
estará llamada a aumentar su personal para tratar de mantener los
resultados de las elecciones como lo ha venido haciendo, de la manera más
pronta posible.

Sin embargo, dijo que eso significa una carga económica que la Junta
tendría que evaluar, al igual que si vale la pena unificar los comicios y
cuantificar si es una ventaja económica para la institución.



*La propuesta de reforma constitucional no afecta la carrera del Ministerio
Público*



El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick
Hernández Machado, consideró que la derogación del Consejo Superior del
Ministerio Público, en la propuesta de reforma constitucional que impulsa
el presidente Luis Abinader, no cercena la carrera de los fiscales.

El activista de la sociedad civil entiende que la carrera del Ministerio
Público, que se ha visto bastante robustecida, no tiene marcha atrás con
una reforma constitucional.

“Pienso que no, debemos de estar atentos a los proyectos, pero ese paso de
avance que tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, de una
carrera judicial podríamos decir bastante robustecida, eso no tiene marcha
atrás”, significó.

Hernández Machado expuso que el anteproyecto de reforma a la Carta Magna
prevé la derogación del Consejo Superior del Ministerio Público para dar
paso a aspectos legislativos que sean compatibles con el futuro Ministerio
de Justicia.

El jurista sostuvo que se deberán transferir a ese ministerio muchas
competencias que corresponden actualmente al Procurador General de la
República, al Ministerio Público como ente indivisible y al Consejo
Superior del Ministerio Público.

“La derogación del órgano en el texto constitucional implica que debe de
legislarse de manera inmediata, conjuntamente con la creación del
Ministerio de Justicia y robustecer a aún más la carrera, pero vía la Ley
Orgánica”, acotó.

Observó que se debe esperar las propuestas legislativas sobre el particular
porque toda esa labor estará bajo la vigilancia del Tribunal Constitucional.

Sostuvo que el sistema que propone la reforma es que el presidente de la
República tendrá la facultad de nominar ante el Consejo Nacional de la
Magistratura para su designación al Procurador General de la República.

“Ahora, un aspecto interesante, a diferencia de como está el sistema
actualmente, es que sería designado por cuatro años y es inamovible,
solamente puede separarse de sus funciones si eventualmente se cumple un
juicio político”, adujo.

Hernández Machado plantea que en esa inamovilidad deben reflejarse las
garantías de independencia que se desea en funcionarios como el Procurador
General de la República.

“Así es, el anteproyecto prevé la derogación de ese órgano el Consejo
Superior del Ministerio Público, pero pienso que es para dar paso a
aspectos legislativos de que ese órgano, que también está en su Ley
Orgánica, hacerlo más compatible con el futuro Ministerio de Justicia que
debe crearse, para transferir muchas de las competencias del Procurador,
del Ministerio Público y del Consejo al Ministerio de Justicia”, subrayó.



*“Solo el 14% de los 3,400 funcionarios municipales han declarado sus
bienes”*



El coordinador general del movimiento Participación Ciudadana, doctor Erick
Hernández Machado, advirtió que el 86% de los funcionarios municipales
electos que tomaron posesión el 24 de abril no han cumplido con la
disposición la Ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y
Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y
Servidores Públicos.

Reveló que de 3,400 funcionarios municipales llamados a dar cumplimiento a
la normativa un mes después de tomar posesión del cargo, 2,876 han dejado
de hacerlo y solo han observado la legislación 524, que han presentado su
declaración patrimonial.

“De los funcionarios municipales electos, unos 3,400, solamente han
presentado declaración jurada unos 524, o sea, el 14% nada más, el otro 86%
está omiso”, insistió el representante de la sociedad civil.

Hernández Machado afirmó que esos funcionarios que no han cumplido con la
declaración de su patrimonio deben ser sometidos a un juicio político y ser
destituidos del cargo que ostentan.

En ese tenor, manifestó que la no presentación de la Declaración Jurada,
conforme con la Ley de Función Pública, se trata de una falta grave de
tercer grado, que está sancionada con la destitución de los que han
infringido la normativa.

Consideró que la advertencia de las autoridades sobre la retención del
salario a los omisos o llevar el caso a la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA debe ser reorientada
por donde realmente corresponde.

“Entonces, en vez de pensar de no dar salario o de decir que lo van a
enviar al PEPCA, es tramitarlo por la vía correspondiente, para ver si por
fin se le da cumplimiento a este aspecto tan importante, que es soporte
para la lucha conta la corrupción, como lo es la declaración jurada”,
apuntó.

Hernández Machado sostuvo que en esas circunstancias es necesario que
llamar la atención a las autoridades competentes para que le den
seguimiento al cumplimiento de este aspecto legislativo tan importante.

“Desde Participación Ciudadana estamos muy atentos a esa situación, ya nos
tomamos un tiempo analizando la proporción de los funcionarios municipales
que han dado cumplimiento a esa obligación sustancial de la función
pública”, significó.

El jurista asegura que esa obligación es sustancial porque es uno de los
elementos para combatir la corrupción, como manda la Constitución de la
República.

Agregó que en el articulado relativo a la proscripción de la corrupción,
uno de los elementos que llama la Carta Magna es al cumplimiento de la
declaración jurada.