Ecuador ‘reprueba’ en Transparencia legislativa con calificación de 42,51 sobre 100, advierte informe.

 

Fuente: eluniverso.
El Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa ILTL analizó a los poderes legislativos de 14 países.
La Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa RLTL presentó una nueva edición del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa ILTL y con 42.51 puntos sobre 100 Ecuador reprueba en esta materia. El índice analiza la transparencia y apertura de los poderes legislativos de catorce países. El promedio regional aumentó levemente del 39,6 % en 2020 al 42,18 % en 2023, en tanto diez países no superaron el 50 %. El ILTL se aplicó en los parlamentos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Fue realizado por 22 organizaciones de la sociedad civil, que evalúan las dimensiones de normatividad, labor del Parlamento, presupuesto y gestión administrativa, y participación ciudadana. Con 42,51/100 Ecuador reprueba en Transparencia legislativa. Tras la evaluación realizada por el Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo como miembro de la RLTL, se evidencian avances significativos en términos de normatividad, pero al analizar la implementación de estas medidas, se detecta un estancamiento notable. En Ecuador se resaltan deficiencias en la transparencia de la gestión de comisiones y órganos de decisión. En lo que respecta a la participación ciudadana, se observa la ausencia de un plan de acción para el Parlamento abierto. Además, se constató la ausencia de concursos públicos para la contratación de personal , así como la falta de una normativa que regule el lobby , especificando las materias en las cuales se puede realizar dicha actividad y generando registros de reuniones entre asambleístas y cabilderos. “En la última medición en 2020 ya se había identificado la misma situación, por lo que no hubo avances concretos en este sentido. De hecho, la Asamblea Nacional del Ecuador 2021 - 2023, archivó un proyecto normativo que buscaba regular el lobby ”, refiere el texto. Otra regulación que para el ITLT hace falta es en cuanto a la declaración y transparencia de intereses de los y las asambleístas, funcionarios y funcionarias, cónyuges y sus familiares directos. Contar con esto constituye una herramienta esencial para prevenir la corrupción y asegurar que el proceso legislativo se lleve a cabo en interés de la sociedad en su conjunto. Pone como ejemplo el Congreso de Chile, donde se han regulado y transparentado los intereses de los y las asambleístas, funcionarios y funcionarias, cónyuges y familiares directos. Otro punto necesario, según el índice, es que exista un registro de los obsequios que reciban los y las asambleístas. Estos obsequios pueden incluir regalos, viajes, comidas, boletos para eventos, alojamiento u otros beneficios materiales. Asimismo, cuestiona que no se publica información sobre los concursos públicos para postular a trabajos en la Asamblea Nacional. Al no contar con información sobre los llamados a concurso del personal del Congreso, se promueve la opacidad y disminuyen las posibilidades de contar con personal cualificado. “Se debe establecer una política clara de transparencia en los procesos de contratación y selección de personal. Esto podría incluir la publicación de anuncios de trabajo, descripciones de puestos, requisitos mínimos, criterios de selección y evaluación, así como la divulgación de los resultados finales de los concursos”, refiere y pone de ejemplo al Parlamento del Uruguay, que impulsa contrataciones públicas y accesibles en su página web para brindar apoyo a la labor legislativa. En cuanto a las buenas prácticas que encontró el índice en el Legislativo ecuatoriano es la “selección del Consejo Consultivo de Parlamento abierto de la Asamblea Nacional del Ecuador”, sugerido en la medición anterior. “El Consejo Consultivo busca ser un espacio de articulación entre la Asamblea Nacional y la sociedad civil para la consulta, asesoría y evaluación de la implementación de la política de Parlamento abierto en la Asamblea Nacional”, dice. A nivel regional, el informe refiere que se comparan las mediciones de 2020 y 2023, ocho países presentaron mejoras en su puntaje total, aunque se trata de cambios muy leves que varían desde unas pocas décimas hasta poco más de cuatro puntos, como ocurrió en Paraguay y México, respectivamente. Estos países son Argentina, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Se destaca favorablemente el caso de Perú, que casi duplicó los resultados obtenidos en 2020, pasando del 35,43 % al 59,51 %. Para la RTLL, una mejora en el puntaje obtenido por un Congreso o Asamblea Nacional implica un mayor grado de transparencia y apertura legislativa en las distintas cuestiones que se analizan, desde las normativas existentes, las prácticas de participación ciudadana y/o el adecuado manejo presupuestario y administrativo de los mismos. Mientras tanto, hay cuatro países: Bolivia, Colombia, Costa Rica y Guatemala, donde los puntajes disminuyeron levemente entre una medición y otra. Estas caídas van desde unas pocas décimas hasta poco más de tres puntos, como ocurrió respectivamente con Bolivia y Colombia. En la práctica implica que el Poder Legislativo en cuestión se ha vuelto, en mayor o menor medida, más opaco y cerrado a la participación ciudadana y de la sociedad civil. En tanto, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa RLTL reúne a 32 organizaciones de la sociedad civil de quince países de América Latina que trabajan por la promoción activa de la transparencia, el acceso a la información, la responsabilidad y rendición de cuentas en los poderes legislativos. El ITLT se aplica desde el año 2011 con el objetivo de evaluar la efectividad de las políticas y mecanismos de transparencia y participación ciudadana en los poderes legislativos de distintos países de la región. Es una herramienta de medición periódica que permite tener un registro de los avances y retrocesos de los distintos poderes legislativos en dichos temas, así como un estándar de comparación entre países. I