Diez presuntos delincuentes han muerto en un mes.

 

Fuente: elcaribe.
En las últimas cinco semanas, diez presuntos delincuentes perdieron la vida en situaciones poco esclarecidas por miembros de la Policía Nacional en los cuestionados “intercambios de disparos”. Con esta decena de muertes, registradas del 26 de noviembre al 26 de diciembre, suman 90 los fallecidos vinculados en hechos de criminalidad, por manos de la uniformada […] La entrada Diez presuntos delincuentes han muerto en un mes se publicó primero en Periódico elCaribe.
En las últimas cinco semanas, diez presuntos delincuentes perdieron la vida en situaciones poco esclarecidas por miembros de la Policía Nacional en los cuestionados “intercambios de disparos”. Con esta decena de muertes, registradas del 26 de noviembre al 26 de diciembre, suman 90 los fallecidos vinculados en hechos de criminalidad, por manos de la uniformada en el último año, según el levantamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con asiento en el país. La lista de muertos en tales circunstancias supera a las estadísticas publicadas por la Policía Nacional que al cierre de noviembre del presente año enlistó la víctima 68. Solo en el último mes, periódicos nacionales registraron la muerte de al menos ocho jóvenes de entre 18 y 35 años, señalados en actos criminales vinculados al narcotráfico, homicidios, sicariato y atracos en las condiciones descritas. En los enfrentamientos con miembros de la institución del orden perdieron vida en los últimos días Orlandito Corniel Barrientos, Wildy Jael Rosario de la Cruz Búfalo, Robert Cedeño Cara Fina, Yoni Oscar Charles Juan La Pluma, Miguel Rodríguez Peluca, Doyni Asencio Francis El Menor, un hombre identificado como “Mote de Barba” y Yúnior Rodríguez “Pupi El Sicario”. Al condenar la práctica, el representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que estas defunciones guardan más relación con “ejecuciones extrajudiciales” que con los denominados intercambios de disparos. Se trata de una práctica que consideró preocupante, y que pone en aprietos al país frente a organismos internacionales, por lo que entiende debe ser descontinuada mediante estrategias y políticas públicas efectivas. “Eso es una forma de manifestarle a país que a través de las ejecuciones extrajudiciales es que se van a disminuir la delincuencia y la criminalidad y que como resultado de estas ejecuciones el país va estar más tranquilo cuando la práctica ha demostrado que no, la preocupación sigue siendo la inseguridad ciudadana”, sostuvo. El especialista en derechos humanos ofreció varias razones para desmontar el relato policial que atribuye estas defunciones a intercambios de disparos. Al referirse a las características de los últimos diez casos que recogen en su informe, María Mercedes afirmó que se trata de ejecuciones, por la forma en que sucedieron los hechos, cómo fueron publicados y las evidencias recogidas por testigos y medios de comunicación. “Aunque los números son importantes en materia de opinión pública, para mí lo preocupante es que esas ejecuciones tienen las mismas características que las anteriores. Siempre se parte de que son perseguidos por parte de la Policía Nacional, que nunca había dado con ellos aun pudiendo ellos saber dónde pudieran estar situados”, aseveró. Esta preocupación fue externada en el informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana 2022. “Este año hemos denunciado los abusos policiales, maltratos de parte de los agentes de seguridad hacia ciudadanos y ciudadanas, que van desde la simple mala educación, grosería y rudeza en el trato a la ciudadanía de parte de los agentes y funcionarios públicos, a violaciones de derechos humanos más graves como casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales”, señala el reporte. Referente a las últimas muertes argumentó que se trata del mismo patrón exhibido por la Dirección Central de Investigación Dicrim, “que al final hace las ejecuciones. Es un departamento que hemos dicho en el marco de la reforma requiere una profilaxis” Sobre la credibilidad de las informaciones ofrecidas por la PN respecto a estos enfrentamientos, consideró que la entidad facultada para ofrecer estas estadísticas es la Procuraduría General de República. “El jefe de la investigación es el fiscal, entonces cada vez que se levanta la denuncia de una muerte que pudiera ser un homicidio o asesinato, es quien tiene que establecer si se trató de una ejecución, un homicidio o un asesinato, pero eso no se hace en el país, ni lo hace la Procuraduría ni la fiscalía a la que le corresponde”, criticó. El proceder de la Policía también ha sido duramente criticado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que contradice las estadísticas presentadas por la Policía Nacional respecto a las muertes de supuestos delincuentes en enfrentamientos a mano armada. Los cuestionamientos a los protocolos de la Policía Nacional empañan los trabajos encaminados a lograr la profunda reforma policial propuesta por el presidente Luis Abinader.