El “barrilito” y el “cofrecito”, dos fondos que han operado en el Senado y la Cámara de Diputados con el pretexto de sustentar programas de asistencia socia

SANTO DOMINGO.- Cuando Luis Abinader inicie su gestión el 16 de agosto con la supresión de varios organismos para lograr ahorros al fisco y rediccionarlos en provecho del interés colectivo como parte de una política de adecentamiento y austeridad, la expectativa de la opinión pública se enfocará también hacia el nuevo Congreso para establecer cuán alineado podrá estar con respecto a este tema y de qué forma lo podría aplicar en su propia estructura interna.

Como en otras oportunidades, el debate probablemente girará de forma inicial sobre la posibilidad de suprimir el “barrilito” y el “cofrecito”, dos fondos que han operado en el Senado y la Cámara de Diputados con el pretexto de sustentar programas de asistencia social y que durante décadas han costado cientos de millones de pesos al contribuyente dominicano.

Politólogos y analistas consideran que la supresión de esa fórmula asistencialista podría representar un primer paso para que el Congreso se ajuste el cinturón y contribuya a la austeridad que impone la actual pandemia del Covid-19, disminuyendo de forma apreciable sus gastos que sitúan a la República Dominicana como el séptimo país con mayor derroche de recursos a nivel legislativo, con 134 millones de dólares, según un estudio realizado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Los resultados de esa minuciosa investigación son realmente alarmantes y llaman a la reflexión porque la República Dominicana aparece como el país de América Latina con mayor número de congresistas con 222, 190 diputados y 32 senadores, por encima de la media de la región, que es de 204.

Además, cuando se hace la comparación de congresistas por número de habitantes, somos la segunda nación con mayor porcentaje en esta región con 22.2%.

Otros datos que evidenció el estudio de CREES son igualmente preocupantes, ya que el costo en dólares para mantener el Congreso representa para cada ciudadano  entre 13.4 y 35.5%, superior al costo promedio de América Latina, que es de 9.9%.

Por este tipo de carga onerosa para el Estado y el contribuyente, que es el que nutre el erario con el pago de sus impuestos, en algunos países se ha establecido un Congreso unicameral y en otros de la región es tema de debate, a veces dificultado por viejas culturas e intereses políticos y partidarios. Ecuador, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela son ejemplos de países con congresos unicamerales.

Desde ya en el país se plantea la necesidad de eliminar definitivamente el objetado mecanismo de asistencia social que es una dualidad frente a los programas que  realiza el Gobierno y que, a diferencia de lo que ha ocurrido hasta ahora, no se limite a las acciones de algunos pocos legisladores que han dado el ejemplo de negase a recibir sus respectivas cuotas o que simplemente las donan a instituciones caritativas.

En términos teóricos, con un Congreso en el que el nuevo Gobierno y el  Partido Revolucionario Moderno (PRM) tendrán mayoría y control parlamentario, seguir un programa coherente y alineado con el oficialismo no debería representaría mayor dificultad, por lo que tanto el barrilito como el cofrecito podrían tener sus días contados si se sigue la pauta que en este campo ha trazado y mantenido la nueva senadora del Distrito Nacional, Faride Raful.

Durante un largo periodo la falta de unanimidad ha impedido eliminar estos fondos, que se aplican sin control ni rendición transparente y que permiten a los senadores recibir un peso por cada habitante de su demarcación para supuestas ayudas sociales, mientras los diputados obtienen per cápita  50,00 pesos mensuales, también para alegadas ayudas sociales en sus comunidades.

Además de que representan de hecho un sobresueldo para cada legislador, ambos fondos han sido cuestionados porque en la práctica son desviados de su finalidad original para ser usados en la compra de votos y conciencias, prácticas por las cuales en la pasada campaña electoral la Junta insistió en que debían ser eliminados.

Quienes abogan por la supresión del barrilito y el cofrecito entienden que a los congresistas lo que les corresponde como poder de control y supervisión del Estado, es abogar para que el Gobierno atienda las necesidades de los sectores más vulnerables de la población sin un penoso esquema de dádivas.

Además de objeciones éticas, a los legisladores se les han señalado reiteradamente, sin que esto haya conllevado cambio alguno en sus actitudes, observaciones de carácter legal e institucional, puesto que la Constitución no confiere atribución alguna al Congreso para desempeñar labores de asistencia social, aspecto que corresponde al Ejecutivo a través de las instituciones oficiales que operan en este ámbito.

Fuente Noticias SIN