Procuraduría destruye más de 1,000 máquinas tragamonedas y cajones confiscados en operativos simultáneos en todo el país
SAN CRISTÓBAL.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, procedió a la destrucción de más de 1,000 máquinas tragamonedas y cajones que fueron confiscados el pasado domingo 8 de julio en el transcurso de operativos realizados de manera simultánea en el Distrito Nacional y las 31 provincias del país.
En dicho acto, el procurador
Rodríguez explicó que los operativos fueron realizados por las demandas
reiterativas de la sociedad en los encuentros comunitarios que ha desarrollado
a nivel nacional, donde dijo que los ciudadanos le manifestaron el efecto
pernicioso que tenían estas máquinas en el bienestar de los niños, niñas y
adolescentes en su comunidades, ya que muchas veces éstos apostaban hasta el
dinero de la escuela en el colmado más cercano, generando ello conflictos
familiares y hasta deserción escolar.
“Estos encuentros me han
permitido compartir con los líderes comunitarios de cada región. Me he sentado
con ellos y escuchado con atención cuáles eran sus principales preocupaciones
en materia de seguridad ciudadana y cuáles eran los principales delitos que
ocurrían en sus comunidades, saliendo siempre a relucir una y otra vez, la
necesidad de retirar las máquinas tragamonedas ubicadas en colmados, drinks,
billares y otros lugares prohibidos por la ley”, manifestó.
En referencia a la operación
llevada a cabo en todo el país, explicó que en total movilizaron unos 4,000
servidores públicos, incluyendo más de 1,000 fiscales, 1,500 militares, 500
policías y 1,000 auxiliares, quienes visitaron más de 2,500 locales y
desarrollaron una ardua labor en todo el territorio nacional para retirar los
equipos de los diferentes comercios donde se detectó su uso ilegal.
El jefe del Ministerio Público
dijo que como resultado de todos estos esfuerzos fueron incautadas más de 1,000
máquinas tragamonedas y cajones, así como más de 5.3 millones de pesos y más de
300 personas detenidas para fines de investigación.
“El impacto económico de estos
operativos simultáneos en la estructura criminal de los juegos de azar fue
inmediato. Si calculamos el valor de las máquinas incautadas, la cantidad de
dinero en metálico recaudado y el costo financiero de montar nuevamente la
operación, estamos hablando de una cantidad que podría superar los 75 millones
de pesos en tan solo un día”, dijo.
Expuso que el operativo realizado
el domingo 8 de julio es solo la primera de un número de acciones que estarán
destinadas a atacar la industria delictiva de los tragamonedas desde su base
hasta la cúpula.
En ese sentido, el procurador
general dijo que también han lanzado una campaña de prevención a nivel
nacional, a fin de crear consciencia en las comunidades sobre la ilegalidad de
las máquinas tragamonedas en lugares no autorizados como colmados, drinks,
bares y billares y sus efectos perjudiciales.
Sometimiento a distribuidores
El comunicado a través del cual
la institución ofreció la información, destaca que varias personas fueron
sometidas por su condición de distribuidores a la justicia en diferentes
departamentos judiciales y se ha logrado que les sean impuestas medidas de
coerción.
Resaltó en ese orden, que la
Fiscalía de La Vega obtuvo tres meses de prisión preventiva en el Centro de
Corrección y Rehabilitación de Rafey y la declaratoria de caso complejo en el
proceso seguido en contra del imputado José Luis Díaz Lizandro y/o José Luis
Rodríguez, investigado por presuntamente operar un centro de ensamblaje,
almacenaje y distribución de máquinas tragamonedas.
Indicó que Díaz Lizandro es
procesado por la presunta violación de varios artículos del Código Penal
Dominicano, la Ley No. 351 y las leyes Nos. 96-88 y 29-06 sobre operación de
máquinas tragamonedas fuera del recinto autorizado, así como por la violación del
Código Tributario, la Ley No. 8-92 sobre Cedulación, por haberse hecho expedir
dos cédulas de identidad diferentes, y por violar las leyes 631-16 sobre
Control y Regulación de Armas y 155-17 contra el Lavado de Activos.
De igual manera, precisó que la
Fiscalía de Espaillat logró que les fueran impuestos tres meses de prisión en
el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca al ciudadano Ángel
Manuel Almonte, y a su pareja Hilda Pérez una garantía económica de RD$400 mil
a través de compañía aseguradora, presentación periódica e impedimento de
salida del país, ambos fueron sometidos a la justicia por el Ministerio Público
de Espaillat a raíz del operativo nacional contra las máquinas tragamonedas.
Asimismo, indicó que la Fiscalía
de Santo Domingo Oeste solicitará en las próximas horas la imposición de
medidas de coerción contra cinco implicados en el uso ilegal de esos aparatos.
Dijo que todos los desperdicios
producto de la destrucción de las máquinas serán recogidos y desechados de
forma correcta, para evitar daños al medio ambiente.
Señaló que los desechos que sean
aprovechables, como los metales, serán vendidos y los fondos recaudados
utilizados para cubrir los mismos gastos en que se ha incurrido en los
operativos en todas las provincias del país.
El procurador Rodríguez agradeció
la colaboración ofrecida por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional,
quienes acompañaron a los fiscales durante el desarrollo del trascendental
operativo.
La destrucción de las máquinas
tragamonedas se llevó a cabo en las instalaciones de Parque Industrial de
Haina, localizada en los Bajos de Haina, con la participación de doctor José
Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía; el teniente general del ERD, Rubén
Paulino Sem, ministro de Defensa, y del mayor general Braulio Alcántara López,
comandante general del Ejército, así como del vicealmirante Miguel Enrique Peña
Acosta, comandante general de la Armada de República Dominicana, y del mayor
general Luis Napoleón Payans Díaz, comandante general de la Fuerza Aérea de
República Dominicana.
También, participaron el mayor
general Ney Aldrin Bautista Almonte, director general de la Policía Nacional;
el contralmirante Lee Ballester, director de Planes y Operaciones del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el coronel Ricardo Castillo Terrero,
comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, y el viceministro
técnico-administrativo del Ministerio de Hacienda, Manuel Arturo Pérez Cancel,
además de procuradores adjuntos, procuradores regionales de cortes y titulares
de las procuradurías especializadas y las procuradurías fiscales.
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