Participación Ciudadana fija su posición sobre la Ley de Partidos.
La imposición de un único
mecanismo, primarias abiertas, simultáneas y bajo organización de la Junta
Central Electoral, para elegir las
candidaturas de los partidos políticos a los cargos electivos no ha sido objeto
de consenso desde el primer proyecto de Ley de Partidos elaborado en 1998-99
por la Comisión de Reforma y Modernización del Estado, creada por el gobierno
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ni en ninguna de las otras
concertaciones que le siguieron, como las del 2001-02, la del 2009 y la del
2012.
En la actualidad las primarias
abiertas son objeto de un rechazo político y social generalizado, y que dividen
hasta el propio partido (PLD) que tiene casi absoluto control del Congreso
Nacional. Sólo respaldado por un partido aliado, el Revolucionario Dominicano.
Ninguno de esos dos partidos ha convocado sus organismos directivos para
aprobar una propuesta que por su naturaleza contradice hasta sus propios
estatutos, los cuales establecen que son sus miembros quienes eligen sus
candidatos.
El padrón abierto para las
candidaturas ha sido rechazado reiteradamente por casi todos los partidos
reconocidos, resaltando el bloque de once partidos de oposición al gobierno,
pero también por los restantes, incluso casi todos los aliados electorales del
PLD, agrupados en el Foro Permanente de Partidos Políticos. Igual ha sido generalizado el rechazo entre
las instituciones sociales preocupadas por la institucionalidad democrática
La imposición del padrón abierto
sería una aventura que podría conducir a mayores confrontaciones, por ejemplo,
en la Cámara de Diputados, cuyo presidente ha adelantado que no propiciará una
legislación para satisfacer el interés grupal. Y se sabe que allí faltarán unos
30 votos para lograr los dos tercios necesarios para la aprobación de esta ley
orgánica.
No quisiéramos dar crédito a las
versiones de que se podría estar planeando reproducir en la Cámara de Diputados
el mercado de compras de votos que viabilizó la reforma constitucional del
2015. Pero aún si ese proyecto pasara sin el menor consenso en la Cámara de
Diputados, ya se ha adelantado que se recurriría al Tribunal Constitucional
buscando que se ratifique la declaratoria de inconstitucionalidad que anuló la
ley 286-04 que estableció las primarias simultáneas, con padrón abierto y bajo
responsabilidad de la JCE, como se replantea en el proyecto aprobado en primera
lectura por los senadores.
Participación Ciudadana entiende que sería un proceso tan
extenso y cuesta arriba que sumiría el país en la confrontación política y reduciría
la gobernabilidad democrática, consumiendo suficiente tiempo para que la ley de
partidos no tenga efectos en las campañas por las
Candidaturas a definirse el próximo año, ya en
marcha en varios partidos. Hay quienes creen que en última instancia lo que se
persigue con el intento de imposición es que no haya ningún límite ni
ordenamiento.
Es obvio que dentro de ese clima
de confrontación sería mucho más difícil consensuar y aprobar la nueva Ley del
Régimen Electoral, también bajo ponderación del Congreso Nacional, llamada a
adecuar el sistema electoral al marco de la Constitución del 2010, lo que debió
hacerse hace más de siete años. Las experiencias recientes indican que el país
no debe exponerse a otras elecciones generales sin adecuar su legislación a los
requerimientos democráticos.
Recordamos que la Junta Central
Electoral ha advertido de las graves dificultades que entrañaría una elección
de candidatos por todos los partidos al mismo tiempo, sobre todo para el
procesamiento de los resultados, cuando a cada cargo podrán optar tres
precandidatos por partidos. Así para las elecciones municipales, con casi 4 mil
cargos en juego, habría que contarle votos individuales a unos 12 mil
aspirantes por partido, 48 mil en total, si la ley sólo obliga a los que han
obtenido más del 5 por ciento de los votos, que son cuatro. La experiencia del
procesamiento del voto preferencial por los 190 diputados, que le ha tomado a
la JCE dos semanas, hace temer que lo propuesto por los senadores sería un acto
de irresponsabilidad.
También se ha advertido lo
riesgoso que sería embarcar a la JCE en tres elecciones generales en el corto
plazo de seis meses, si las primarias son tres meses antes de las municipales
de febrero, y luego de ésta la presidenciales de mayo. De haber segunda vuelta
entonces serían cuatro votaciones generales.
El proyecto aprobado invade el
ámbito de lo que sería la Ley del Régimen Electoral, en su artículo 41 cuando
instituye sobre la apertura de la campaña electoral para las elecciones
presidenciales y cuando indica fecha de toma de posesión de "las
autoridades electas en mayo". También en el artículo 50, párrafos III y IV
al referirse a la alianza para las candidaturas, que no caben en las primarias.
El proyecto aprobado establece
que la JCE debe decidir sobre solicitudes de nuevos partidos a más tardar 6
meses antes de las elecciones, cuando lo justo sería a más tardar 6 meses tras
la solicitud, que no debería hacerse 6 meses antes de las elecciones.
No establece el porcentaje de la
mujer en los cargos de dirección de los partidos, dejándolo a los estatutos.
Reduce del 25 al 10 por ciento el porcentaje del financiamiento estatal que los
partidos deben destinar a la educación y formación de ciudadanos y miembros. Y
mantiene su distribución muy desigual, con 80 por ciento en función de los
votos obtenidos y sólo 20 por ciento entre todos los partidos, incluyendo los
nuevos. Se ha reclamado una reducción al 70-30 por ciento.
Posición de Participación
Ciudadana en torno a la Ley de Partidos en discusión en el Senado de la
República.
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