NUESTRO EDITORIAL // LAS VISAS DE ROBERTO ROSARIO

EL RADAR.COM,¿Está el doctor Roberto Rosario vinculado al crimen organizado?  ¿Se le atribuye, acaso, estar asociado a algún cartel de la droga? ¿Participa del tráfico de personas o cualquier otro delito de lesa humanidad?  ¿Tiene causas pendientes con la justicia estadounidense?  ¿Está reclamado por la INTERPOL?   Nada de esto.   ¿Qué justifica entonces la suspensión de su visa personal y diplomática por parte del Departamento de Estado norteamericano?

El Presidente de la Junta Central Electoral atribuye esta inesperada acción a la obligada ejecución por parte del organismo de la sentencia 168-13, dictada por el Tribunal Constitucional que fue refrendada por once de sus trece miembros, estableciendo los términos y requisitos para la obtención de la nacionalidad dominicana por parte de residentes extranjeros y sus hijos nacidos en el país. 

Rosario reveló que ya había sido advertido de ello.    No parece que tenga otra explicación.  De hecho, ya el propio embajador Brewster había admitido del lobismo que estaban ejerciendo distintas ONGS en Washington reclamando del gobierno estadounidense presionar al dominicano en este sentido.  Y de amplio consumo público que no es preciso recrear, el duro enfrentamiento verbal que tuvo por esta razón con el embajador de los Estados Unidos, cuando este censuró y quiso condicionar el manejo del tema por parte de la Junta, lo que Rosario entendió, al igual que la gran generalidad, que se trataba de un nada diplomático acto de inadmisible intervencionismo.

Cierto que al gobierno de los Estado Unidos, por vía de su Departamento de Estado, le asiste el derecho soberano de otorgar, negar o cancelar los visados de entrada a su territorio, como también reservarse el derecho de no dar cuenta pública de las razones de la medida. 

Pero no lo es menos que este caso reviste características que le otorgan la condición de especial.  Prueba de ello es que, a diferencia de la norma seguida hasta ahora, a Rosario se le notificó personalmente la cancelación por parte de una Cónsul, quien previa cita le visitó en su despacho de la Junta para informarle oficialmente de la medida.  En adición, se hace pública la nota oficial en la que se afirma que esa decisión no afecta “la fuerte relación bilateral entre el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno de la República Dominicana”.

No es así.  Quiérase que no, si la afecta y en grado sumo cuando hay razones de sobra para interpretarlas como un acto de retaliación e intervencionismo en asuntos internos del país, donde también tenemos el derecho soberano a establecer nuestras políticas migratorias, algo que por cierto todavía no han logrado resolver en su propio país, las autoridades estadounidenses.  Y debe el gobierno dominicano, aun sea utilizando los discretos canales de la diplomacia,  en uso también de sus legítimos derechos soberanos, reclamar del gobierno estadounidense una explicación a tan insólita decisión para que, como expresa la nota de su embajada aquí, no se afecte “la fuerte relación bilateral” entre ambos “ni los excelentes vínculos entre nuestros pueblos”.

Porque ahora mismo, si están afectados uno y otro en grado sumo.  Y la misma imagen del gobierno estadounidense proyectada envuelta en onerosa sombra de prepotencia.MR