Articulo de Opinión // "Hechas y sospechas" // Por JOSÉ ALEJANDRO AYUSO

Frente a falsas acusaciones en cualquier ámbito de la vida, nuestros antepasados utilizaban con frecuencia la sabia frase “el que no tiene hechas, no tiene sospechas”. 

Esto a propósito de dos vertientes del debate público actual como: 1. El intento de eliminación del derecho ciudadano de querellarse contra funcionarios corruptos o que violen derechos fundamentales de las personas que ha intentado, al parecer de manera fraudulenta, un grupo de legisladores. Y 2. La oposición, por parte de los querellantes en difamación a quienes denunciaron el caso SunLand, de que se divulgue la información financiera concerniente al caso entregada por los bancos involucrados en esta suspicaz operación. 

Veámoslo uno a uno.

En el país hay muy pocos que, públicamente, se han declarado partidarios de la supresión del artículo 85.3 del Código Procesal Penal, entre los que por fortuna no se encuentra el presidente Medina quien ha devuelto observada la pieza al Congreso. 

Resalta la postura del exprocurador general Radhamés Jiménez Peña para quien “esta acción penal popular se constituía en una especie de negocio y chantaje que muchos individuos, incluso asociaciones, tomaban como un medio para buscar recursos y extorsionar a determinadas personas”.

Resulta injustificable que se pretenda limitar, restringir y coartar el cumplimiento del deber y el ejercicio del derecho a querellarse contra los funcionarios corruptos porque se podría abusar del mismo, acción que de por sí es ilícita y conlleva una sanción. 

Pero además, y aquí volvemos a las “hechas y a las sospechas”, se entiende que la reacción de un funcionario serio ante una “querella temeraria” de un individuo o de una asociación que lo involucre en un proceso penal sería defenderse de las acusaciones: quien no ha robado dinero del erario sabe que nunca habrá prueba alguna que lo incrimine de lo contrario.

En esta tesitura viene el segundo aspecto que trae a cuento lo de “las hechas y las sospechas”. En la demanda ante la Corte Estatal del Condado Miami-Dade de la Florida contra Jaime Aristy Escuder y el suscrito por alegada difamación en el libro “El lado oscuro de la SunLand”, los bancos involucrados en este sonado caso han presentado la información que corrobora lo denunciado: que los movimientos de las cuentas que se utilizaron para recibir y transferir los recursos obtenidos mediante la emisión ilegal de 130 millones de dólares también revelan el mal uso del dinero del pueblo.

Los datos recibidos de los bancos revelan que el dinero llegó a una cuenta privada en Miami controlada por la empresa SunLand y que parte de ese dinero fue transferido a la RD a cuentas privadas. 

Los datos suministrados confirman lo dicho en el libro. Sin embargo, se pretende restringir al uso de los registros financieros suministrados para que no se conozca a cuáles cuentas, a quiénes y a través de cuáles entidades se envió el dinero recibido en Miami originado por la emisión de las Notas Promisorias. ¿Tendrán “hechas y sospechas” quienes pretenden ocultar las pruebas de su presumida inocencia? Porque se entendería si fueran las que demostrarían su culpabilidad.