ADOCCO requiere CD investigue violación procedimiento en CPP

Santo Domingo.-  La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, solicito al presidente de la cámara de Diputados Abel Martínez Durán, ordenar una investigación sobre las denuncias de que el recién observado proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal de que lo aprobado por los diputados durante las discusiones en el hemiciclo fue objeto de violaciones procedimentales graves que de ser comprobadas podrían ser objeto los responsables de un juicio político, como se desprende de las declaraciones de la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal, que dijo “se violaron procedimientos legislativos para la aprobación de las modificaciones al Código Procesal Penal”, por lo que propuso al Pleno de la Cámara de Diputados que lo remita a la Comisión de Ética.

Tavárez Mirabal aseguró que “durante la sesión en que se conoció ese proyecto, perimido, se les dijo a los diputados que no era necesario remitirlo a comisión porque iban a aprobar las mismas modificaciones que le habían hecho con anterioridad, lo que no fue cierto. No era igual y aquí no se envió a Comisión, se aprobó de urgencia en dos lecturas consecutivas sin que fuera a comisión, lo que consta en todos los documentos que son de dominio público. 

Indicó que el diputado Víctor Suárez depositó el proyecto de ley diferente al que se aprobó en la Cámara de Diputados y que perimió en el Senado. Aquí se dijeron cosas muy serias ese día. 

El Senado lo devuelve con modificaciones, que nosotros nos permitimos el lujo de no conocer porque ni siquiera estaba en la agenda del día”. Termino diciendo la diputada.

La organización de la sociedad civil que solicito al presidente Danilo Medina  que observara el proyecto de ley, califico de sensata la observación y devolución con las recomendaciones de que las modificaciones sean sometidas a un rigoroso debate de tos los sectores de la vida pública nacional que consideran un retroceso las modificaciones realizadas al código, entre las que se encuentra la modificación del artículo 85, que excluye a las organizaciones de la sociedad civil que tienen como objeto la lucha contra la corrupción, como querellantes contra funcionarios públicos acusados de la comisión de actos de corrupción, en franca violación de las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos Contra la Corrupción, de las cuales el país es signatario, al tiempo de proclamar que de materializarse las pretensiones de los legisladores aumentaría la deteriorada imagen del país en lucha contra la corrupción y aumentaría posición en la que se encuentra en las mediciones internacionales.