CIDH revela en informe PE y Congreso reconocieron problema de derecho de nacionalidad

 Los poderes Ejecutivo y Legislativo (léase Presidencia de la República y el Congreso Nacional) reconocieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la existencia de “un problema respecto del ejercicio del derecho a la nacionalidad por parte de las personas de ascendencia haitiana”.

Así lo revela la propia comisión en el informe final que rindió este viernes de los resultados de las consultas realizadas en el país sobre supuestas violaciones a los derechos de los descendientes haitianos.

La CIDH también afirma que el Poder Ejecutivo y el Congreso se manifestaron conscientes de la necesidad de encontrar una solución al problema migratorio y de nacionalidad.

La propia Comisión enumera las medidas que a su juicio deben adoptarse para corregir el despojo de la nacionalidad adquirida por los descendientes haitianos.

Entre esas meditas la CIDH cita, garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya lo tenían bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.

Asimismo, no exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquellas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

También sugiere que las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la Sentencia deben ser generales y automáticas.

“Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria”, recomienda.

Igualmente, aconsejan que los mecanismos sean accesibles en términos económicos.

Por otra parte, la sugirió que el Gobierno y el Estado dominicanos adopten medidas “urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de la nacionalidad”. Asimismo, pide a las autoridades evitar la expulsión o deportación.

Define de “graves” las vulneraciones de derechos que se producen en República Dominicana como consecuencia de la falta de documentos de identidad.

Los comisionados plantean una solución de largo plazo que ponga fin a las situaciones que ellos definen violación de los derechos de haitianos y sus descendientes.

“Estas medidas urgentes deben garantizar el acceso de todas las personas a servicios básicos, como salud y educación, y deben evitar de manera efectiva cualquier expulsión o deportación”, precisa.