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Fiscal del DN solicita JCE establezca responsabilidades mafia

Pleno de la JCE aún sin fecha fija para conocer informe para formular sanciones contra implicados

SANTO DOMINGO. El Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, dijo que es de opinión de que hay asuntos internos que la Junta Central Electoral (JCE) debe examinar, a los fines de establecer si las actuaciones internas sobre presuntas irregularidades son de carácter administrativo y tienen niveles de responsabilidad penal.
Por tanto Moscoso Segarra afirma estar a la espera de que el tribunal evalúe el informe presentado y emita su parecer con relación a la responsabilidad interna que pudieran tener esas personas.
Consideró que con el informe presentado, la JCE debió hacer una investigación interna del cancelado oficial del Estado Civil, Juvenal Lorenzo Liranzo, a fin de establecer si existen otros vínculos que puedan comprometer su responsabilidad penal.
Presidente de JCE crítica informe
De su lado el presidente de la JCE, Julio César Castaños, criticó este lunes el informe de la Fiscalía, al referirlo como "una fuente de confusiones" y "que no es concluyente".
Precisó César Castaños, que no todas las irregularidades son iguales, por eso es que cuando se trata de personases es conveniente tener cuidado de no hacer pagar a los inocentes con los culpables.
Mientras que el Juez Roberto Rosario manifestó que ciertamente, aunque aseguró que no se hayan tomado medidas contra los acusados, se negó a adelantar cuáles serían las que irían a tomar.
Sobre los supuestos implicados que figuran en el referido informe, el Pleno de la JCE podría proceder judicialmente contra la subconsultora jurídica Ivelisse Grullón por ser una de las "cabecillas" en la expedición fraudulenta de expedientes en la Consultoría Jurídica.
Según una información publicada por el DL, una fuente no identificada señaló que Grullón con más de 10 años en la JCE, sería quien inició la mafia que movía miles de pesos.
Dentro del informe entregado a la JCE, señala que Grullón eximió del pago de varios impuestos a los solicitantes de documentos por su "situación económica", según lo publicado por el periódico DL.

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