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Presidente Luis Abinader juramenta oficiales de cumplimiento para garantizar transparencia en compras públicas



 El presidente Luis Abinader juramentó ayer a los primeros ocho oficiales de cumplimiento que serán instalados en las instituciones que manejan mayor volumen de presupuesto, con la finalidad de garantizar la integridad de los procesos, prevenir la corrupción y asegurar la calidad de la gestión de las compras públicas.

La iniciativa pionera en el país y en la región, es el resultado de la aplicación del Decreto 36-21 que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas, creado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), y cuyos estándares serán implementados en las unidades de compras de cada institución para promover el cumplimiento normativo bajo un esquema de gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas.

Durante el acto celebrado en el Palacio Nacional, el mandatario instó a los oficiales a cumplir con sus deberes, apegados única y exclusivamente a los principios establecidos en la Constitución de la República, en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y a las directrices emanadas por el órgano rector de las contrataciones públicas.

Abinader aprovechó para ratificar su apoyo a la DGCP para la implementación de este Programa del que se espera contribuya a cumplir con los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y controles en la gestión de las compras.

Por su parte, el director de la DGCP, Carlos Pimentel, resaltó que esta iniciativa busca fortalecer el sistema de contrataciones en el país, no solo desde la perspectiva de la transparencia y los controles, sino también contribuir a que las instituciones adquieran bienes y servicios con calidad y eficiencia para garantizar los derechos de la población.

“Ustedes jugarán un rol muy importante, por eso le vamos a transferir toda la autoridad que van a necesitar para poder desempeñar sus tareas y funciones. En cada una de las instituciones donde irán, ustedes serán la DGCP. Eso implicará una forma de actuar, de comportarse, toda una mística que tenemos ya definida y que la vamos a ir fortaleciendo”, dijo Pimentel.

Sostuvo que en torno al programa existen altas expectativas, no solo por parte de la sociedad dominicana, sino también en la región de Latinoamérica por parte de organismos internacionales, que podrían replicarlo en otros países.

Los primeros oficiales de cumplimiento serán instalados en los ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura y Obras Públicas, así como en el Plan Social de la Presidencia, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

El programa, bajo la coordinación de Tania De Leon, está conformado por Arianna Rosado, Laura Paniagua, Margareth Blandino, Lisbeth Matos, Ana María Gonzalez, Pablo Cruz, Federico Ruiz, Jennifer Polanco y Johany José Suriel.

Funciones de los oficiales

Entre las funciones de los oficiales de cumplimiento público están realizar una evaluación diagnóstica de cumplimiento institucional en compras públicas; gestionar los riesgos de incumplimiento, soborno, lavado de activos e integridad; guiar el proceso de denuncias en materia de contratación pública; realizar la debida diligencia a actores internos y externos de compras y su actualización; coordinar la auditoría interna de cumplimiento en la contratación pública y conducir el proceso de certificación de su unidad de compras.

 

También presentar reportes de conductas dudosas en el proceso de contratación; conducir el proceso de certificación de su unidad de compras; alimentar el sistema de alertas de incumplimiento y monitoreo de cumplimiento, entre otras.

 

Resolución institucionaliza la prevención del riesgo

 

Ayer la DGCP emitió la resolución PNP-05-2021, que institucionaliza la prevención del riesgo de incumplimiento legal en los procesos de contratación pública mediante el establecimiento de una cultura de cumplimiento en la Administración pública, y cuya aplicación recae en todas las instituciones sujetas al ámbito de aplicación de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas.

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