ARTICULO DE OPINION // EL TIRO RAPIDO: “ALGO HAY QUE HACER” // POR MARIO RIVADULLA

El anuncio de que no se permitiría la salida del país a aquellos conductores que tengan multas pendientes de pago por infracciones de tránsito, ha motivado algunas opiniones contrarias en el sentido de que esa disposición, adoptada administrativamente, sería ilegal al tiempo que violatoria a la Constitución de la República que garantiza la libertad de tránsito.

El aspecto jurídico del tema entendemos que es materia propia de especialistasdel Derecho y lo dejamos a sus conocimientos y criterio.

Ahora bien. Existe una realidad penosa, dolosa y reiterativa: es la gran cantidad de accidentes vehiculares que suceden en el país y que en el ranking mundial nos otorgan el cuestionable mérito de ser el segundo entre todos, que registra mayor proporción de muertes por cada 100 mil habitantes, en su gran mayoría por violación de las más elementales normas que regulan el tránsito.

Es una situación que sin solución de continuidad, cada año aporta estadísticas sombrías en término de pérdidas de vidas humanas, en su gran mayoría jóvenes y productivas; de numerosos lesionados parte de los cuales quedan en condición de discapacidad total o parcial; de cuantiosos daños materiales y de enormes costos hospitalarios para la salud pública, cuyo titular, en días recientes, reveló rondan los 900 millones de pesos.

No han faltado campañas a favor del llamado "manejo defensivo". Y en cada feriado, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo, las consabidas apelaciones de las autoridades y de empresas, en particular la Cervecería Nacional Dominicana, exhortando abstenerse de conducir si se han ingerido bebidas alhólicas. De poco ha valido. En realidad, por más prudente que uno se muestre al volante de nada sirve cuando hay tanto imprudente conduciendo como si las vías públicas fueran de su exclusiva propiedad y uso y comportándose en forma irracional.

El respeto a la ley solo puede lograrse mediante una toma de conciencia que nos lleva a ser cumplidores de la misma, o en caso contrario, la aplicación de las sanciones que dispone a quienes la violan. La más leve, en el caso de nuestrabastante permisiva e infuncional ley de tránsito, es la imposición de una multa a quienes violan sus disposiciones.

¿Qué ocurre, sin embargo, en el caso de nuestro bendito y maravilloso país?

Pues sencillamente que según menciona el diputado Tobías Crespo, basado en las estadísticas ofrecidas por la AMET, solo se pagan un 3 por ciento de las multas que imponen los agentes de tránsito. Entiéndase bien: el Estado solo cobra 3 de cada 100 multas por infracciones de tránsito. Más aún: el legislador señala que el conductor violador puede acumular un número indeterminado de multas y al final solo termina pagando una y las demás quedan saldadas automáticamente.

¿Hasta dónde alcanza la evasión por este concepto? No hace mucho el propio director de la AMET, general Juan Brown, reveló que a más de mil millones de pesos. Formamos un escándalo mediático por los 18 millones que costó el stand de Educación en la Feria y no nos quita el sueño esos mil millones de pesos en multas dejadas de pagar, una cantidad 55 veces mayor.

Peor aún: el propio Brown citó varios casos de conductores que han acumulado 400, 500 y más multas por contravenciones y que sin haber pagado siquiera una, continúan conduciendo libremente y violando de manera reiterada e impune las normas de tránsito con el consiguiente riesgo que comporta.

En otros países han adoptado como fórmula exitosa para reducir las contravenciones, los accidentes vehiculares y las muertes que provocan, endurecer y sobre todo aplicar sin contemplaciones ni privilegios (las autoridades deben ser las que sirvan de ejemplo)las normas de tránsito, desde mayores multas y retiro de la licencia, hasta fuertes penas de prisión en caso de mediar culpa en accidentes fatales.

Es hora de que aquí hagamos lo mismo.

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