Dejan en libertad bajo garantía económica implicado caso Caribair

La jueza del Tercer Juzgado de Instrucción  del Distrito Nacional, Elka Reyes, le varió este lunes la medida de coerción de prisión a libertad a todos los acusados involucrados a una red de tráfico de drogas internacional y lavado de activos entre ellos el presidente de la línea aérea Caribair.

La magistrada ordenó la libertad mediante el pago de una garantía económica de 30 mil pesos en efectivos a cada uno,  presentación periódica e impedimento de salida,  a los doce implicados de la red que operaba desde sur América hacia el Caribe y América, compuesta por dominicanos, colombianos, venezolanos, puertorriqueños, estadounidenses, jamaiquinos  y bahameños, y el presidente de Caribair.

Entre los impetrantes son el dueño de la línea aérea, Rafael Senen Rosado Fermín, además, los empresarios Sergio René Gómez Díaz y José Vicente Figueroa Ortiz; José Luis Veras Márquez, venezolano;  Harry Williams Nazario, puertorriqueño; Home Errol Outram, jamaiquino; y los dominicanos Víctor Hugo Sánchez Portes,  José Antonio Cleto Cruz, Guillermo Pérez Perdomo, Henry Francisco Valdez García, Juan Ramón Rosado Pérez.

Además, renueva la medida de coerción consistente en libertad bajo garantía económica a los imputados  El Piloto Alberto Laureano,  norteamericano y el puertorriqueño Daymond Mario Pérez.

Igualmente, envió juicio de fondo a todos los implicados en la red para que sean procesados en un tribunal colegiado.

La investigación se produjo después de accidentarse una avioneta propiedad de Rosado Fermín en la comunidad de Tireo, Constanza, donde murieron  Eduardo Leyba Pérez y el piloto Víctor Hugo Sánchez (agente encubierto).



Días después Rosado Fermín fue apresado.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la aeronave era utilizada para el traslado de cocaína que en octubre de 2012, desmanteló la presunta banda de narcotráfico  compuesta por dominicanos, colombianos, venezolanos,  puertorriqueños, estadounidenses, jamaiquinos  y bahameños que utilizaban el país como centro de operaciones para acciones bimotor adquiridos en EEUU, aparatos que luego eran enviados a Sudamérica, especialmente a Venezuela, para desde allí trasportar grandes cargamentos de cocaína a Centroamérica el Caribe para luego llevarlos a Norteamérica.

Para entonces, las autoridades ocuparon propiedades millonarias en Santo Domingo, Santiago y La Vega.

Se recuerda, que la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción, Kenya Romero declaró complejo el proceso.